En un acto que implica cierto valor Mons. Cormac Murphy-O’Connor, Arzobispo de Westminster, escribió al Primer Ministro Británico, Tony Blair solicitando que las Agencias Católicas para adopción de niños quedaran exentas de la Ley de Igualdad (Equality Act) de 2006 que entre otras cosas implica el derecho de las parejas gay para adoptar y el correspondiente deber de las agencias de darles niños en adopción sin hacer discriminación de ellos por su orientación sexual. La semana pasada el Primer Ministro dio su respuesta, que fue negativa, aunque concedió un plazo que algunos consideran demasiado largo (21 meses) para que las agencias acepten la Ley de Igualdad o en todo caso puedan transferir su experiencia técnica (expertise) a otras agencias, sobre todo estatales. Si las Agencias Católicas no cumplen con la citada Ley podrán ser demandadas, se les podrá retirar el permiso del Estado para funcionar o se les retirarán los fondos del erario público (o todo eso a la vez).
Desde el punto de vista de un estado secular creo que no se puede reprochar la lógica de Blair. Si todos los ciudadanos contribuyen al erario y si hay leyes para todos, ¿cómo es eso de que un grupo dentro de la sociedad quiere recibir el dinero de todos y administrarlo según criterios que no son los de todos?
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