Mes: marzo 2020

En Potosí, Villa Imperial y «pozo del infierno»

Largas jornadas hizo fray Vicente, descansando con sus hermanos dominicos en Jauja, Huamanga -hoy Huancavelica- y Cuzco, caminando luego por aquellas tierras altísimas, hacia Copacabana, una doctrina de la Orden junto al lago Titicaca, y Chuquiabo, donde en 1601 se fundó el convento de La Paz, y siguiendo después hacia el convento de San Felipe de Oruro, para llegar finalmente al de Potosí.

Desde Cartagena de Indias había hecho un camino de 1.200 leguas, es decir, unos 7.000 kilómetros, mucho más largo que aquel otro viaje en el que acompañamos a San Francisco Solano desde Paita hasta el Tucumán. Por fin el padre Bernedo ha llegado al lugar que la Providencia divina le ha señalado, para que en dieciocho años (1601-1619) se gane el nombre de Apóstol de Charcas.

Potosí, a más de 4.000 metros de altura, fundada en 1545 al pie del Cerro Rico, o como le decían los indios Coolque Huaccac -cerro que da plata-, era ya por entonces una ciudad muy importante, llena de actividad minera y comercial, organizada especialmente a raíz de la visita del virrey Francisco de Toledo, en 1572, y de las célebres Ordenanzas de Minas por él dispuestas. En torno a la Plaza Mayor, hizo erigir Toledo la Iglesia Matriz, las Cajas Reales y la Casa de Moneda.

Contaba la Villa Imperial con conventos de franciscanos, dominicos, agustinos, jesuítas y mercedarios, situados en las manzanas próximas a la Plaza Mayor. Había varias parroquias «de españoles», trece para los indios que se agrupaban en poblaciones junto a la ciudad, y una «para esclavos», es decir, para los negros. Entre la ranchería de los indios y el Cerro se hallaba la tarja, casa en la que se pagaba a los mineros su trabajo semanal. En las minas los indios, obligados al trabajo por un tiempo cada año, según el servicio de mita o repartimiento, o bien contratados por libre voluntad -los llamados mingados-, laboraban bajo la autoridad del Corregidor, del alcalde de minas, de tres veedores y de ocho alguaciles o huratacamayos.

Por esos años en Potosí, a los treinta años de la fundación de la ciudad, las condiciones laborales de las minas eran todavía pésimas. Y también aquí se alzaron en seguida voces de misioneros y de funcionarios reales en defensa de los indios.

En 1575 tanto el arzobispo de Lima, fray Jerónimo de Loaysa, como el Cabildo de la misma ciudad elevan memoriales sobre la situación del trabajo en las minas (Olmedo Jiménez, M., 276-278). Unos años después, en 1586, Fray Rodrigo de Loaisa escribe otro memorial en el que describe así el trabajo minero de los indios, concretamente el que realizaban en Potosí: «Los indios que van a trabajar a estas minas entran en estos pozos infernales por unas sogas de cuero, como escalas, y todo el lunes se les va en esto, y meten algunas talegas de maíz tostado para su sustento, y entrados dentro, están toda la semana allí dentro sin salir, trabajando con candelas de sebo; el sábado salen de su mina y sacan lo que han trabajado». Cuando a estos pobres indios se les predica del infierno, «responden que no quieren ir al cielo si van allá españoles, que mejor los tratarán los demonios en el infierno… y aún muchos más atrevidos me han dicho a mí que no quieren creer en Dios tan cruel como el que sufre a los cristianos».

El mismo virrey Velasco, en carta de 1597 al rey Felipe II, le pide que intervenga para reducir estos abusos, y denuncia que los indios vecinos de Potosí son traídos a las minas «donde los tienen 2, 4, 6 meses y un año, en que con la ausencia de su tierra, trabajo insufrible y malos tratamientos, muchos se mueren, o se huyen, o no vuelven a sus reducciones, dejando perdidas casa, mujer e hijuelos, por el temor de volver, cuando les cupiere por turno [la llamada mita], a los mismos trabajos y aflicciones y por los malos tratamientos y agravios que les hacen los Corregidores y Doctrinantes con sus tratos y granjerías». Nótese que alude también a los abusos de los sacerdotes encargados de las Doctrinas. En efecto, poco antes ha señalado «la poca caridad con que algunos ministros de doctrina, particularmente clérigos, acuden a los que están obligados». Los culpables de todas estas miserias tenían todavía ánimo a veces para defenderse con piadosas alegaciones, como las escritas por Nicolás Matías del Campo, encomendero de Lima, en 1603, en su Memorial Apologético, Histórico, Jurídico y Político en respuesta de otro, que publicó en Potosí la común necesidad, y causa pública, para el beneficio de sus minas. En este engendro «maquiavélico», como bien lo califica hoy el padre Farrely, el sutil encomendero se atreve a alegar que «ni la deformidad de la obra se considera, cuando se halla sana, santa y recta la intención del operante». Sic.

El autor de esta obra es el sacerdote español José Ma. Iraburu, a quien expresamos nuestra gratitud. Aquí la obra se publica íntegra, por entregas. Lo ya publicado puede consultarse aquí.