Consideran que “las aprehensiones a parlamentarios, funcionarios o ciudadanos en base a indicios o presunciones de la responsabilidad penal, no conllevan a detenciones arbitrarias, tratos crueles o inhumanos, torturas y desapariciones forzadas”, supuestos que atentan a todo evento “contra la integridad física y psíquica de los ciudadanos”.
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